¿Qué indemnización tiene que pagar la Administración si amortiza la plaza de un empleado laboral indefinido no fijo?

publicado a la‎(s)‎ 24 sept. 2014 2:31 por José Ignacio Sagrado Villamide   [ actualizado el 29 oct. 2014 15:36 ]

20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. La respuesta anterior es una novedad porque el Tribunal Supremo decía antes lo contrario.


Antes de la sentencia STS 24/06/2014, si un empleado con contrato de interinidad por vacante veía amortizada su plaza por motivos de organización administrativa a través de la correspondiente relación de puestos de trabajo, no tenía derecho a cobrar indemnización alguna. Con la sentencia citada, la eliminación del puesto supone una extinción anticipada y por tanto, indemnizable. El cauce a seguir es el que establecen los artículos 51 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.


La reciente sentencia STS 14/07/14 (RCUD 2680/2013) aplica el mismo criterio a los indefinidos no fijos, por tratarse de supuestos análogos. Los "indefinidos no fijos" son empleados laborales de la administración cuyos contratos han excedido el objeto o plazo máximo de contratación. La cobertura de la plaza o la amortización no generaba derecho a indemnización porque se interpretaba que existía una cláusula implícita en el contrato que lo permitía. Como la amortización no se corresponde con la cobertura regular de la plaza, la administración deberá, a partir de ahora, indemnizar con 20 días por año trabajado en este supuesto.


¿Se puede finalizar un contrato laboral por reducción de una contrata?

publicado a la‎(s)‎ 11 sept. 2014 3:54 por José Ignacio Sagrado Villamide

No, según nos dice una reciente sentencia del Tribunal Supremo.


El Tribunal Supremo, en su sentencia de 16/07/2014, explica que "lo cierto es que no ha habido una finalización de la contrata sino una mera modificación consistente en una reducción de las tareas encomendadas. Ello podría justificar la extinción de cierto número de contratos por circunstancias objetivas al amparo del artículo 52,c) ET , pero no la extinción al amparo del art. 49.1,c), preceptos que tienen regímenes indemnizatorios diversos". Al final, añade: "Por otra parte, no es ocioso señalar que la modificación reductiva de la contrata se decidió el 9 de octubre (con efectos del 10 de octubre) pero la notificación del despido a los actores se hizo antes: el 22 de septiembre, con efectos del 7 de octubre, lo que no deja de ser una irregularidad que, al menos formalmente, privaría de toda cobertura a la decisión extintiva del contratista."


Dos precisiones a la pregunta. Cuando hablamos de finalizar un contrato, no nos referimos a cualquier causa, sino a una extinción sin indemnización por despido improcedente o causas objetivas. Y cuando hablamos de reducción de la contrata, estamos en presencia de un contrato entre empresas o administración y empresa, en el que la primera encarga un servicio que presta la segunda, con contratos de obra o servicio firmados con los trabajadores, condicionados en su duración al fin de la relación con la empresa principal.


Y, por último un comentario. Aunque la sentencia está clara, y además cita otra de 8/11/2010 (RCUD 4173/2009), por lo cual constituye jurisprudencia, no comparto sus dos razonamientos. No es lógico que la anulación de una contrata comporte la extinción de contratos sin indemnización (a salvo la de precariedad laboral) y la anulación parcial no comporte el mismo efecto para la fuerza de trabajo afectada. Si cuatro trabajadores prestan servicios para la contrata y la empresa principal nos comunica que necesita sólo dos a partir de una determinada fecha, deberíamos indemnizarles con 20 días por año trabajado mediante un despido por causas objetivas. Si, pasado un tiempo, decide prescindir del servicio, a los dos trabajadores restantes les indemnizaríamos con 12 días por año trabajado, mediante un fin de contrato por realización de la obra o servicio contratado. Siempre se podrá decir que la cláusula del contrato no especificaba que la finalización de la obra también se produciría en caso de anulación parcial de la contrata, en la medida en que afectase al puesto de trabajo contratado, pero no me parece un argumento suficiente. No se pueden prever todas las posibilidades en un contrato, y la función del juez o tribunal es decidir la controversia adaptándose a las circunstancias del caso concreto. Por último, el comentario de que la reducción de la contrata no serviría de fundamento para justificar la extinción porque se comunica oficialmente a la empresa el 10 de octubre y ésta lo había avisado al trabajador unos días antes, también es paradójico. Si la empresa contratada tiene conocimiento de que su cliente no necesita a dos de sus trabajadores el día 7 de octubre, no está en posición de exigir la continuación del servicio hasta no recibir la confirmación escrita. 



¿Se incluyen las horas extras en la indemnización por despido?

publicado a la‎(s)‎ 14 jul. 2014 3:27 por José Ignacio Sagrado Villamide

Con carácter general, no. Sólo se incluyen si son habituales. La indemnización por despido, ya sea objetivo o improcedente, al igual que en casos de modificación sustancial de condiciones de trabajo o traslados, se toma como referencia el salario diario. En el salario diario se incluye el último salario mensual, más el prorrateo de las pagas extraordinarias y de los variables percibidos por el trabajador, como comisiones, bonus y demás.

Sin embargo, las horas extras se excluyen del cómputo. El motivo es que no se consideran como el último salario del trabajador, al depender su devengo de factores diversos como el exceso de trabajo o de horas sobre la jornada ordinaria, la voluntariedad para el empleador y trabajador, la preferencia de compensación con tiempo de descanso y otros. Como decimos, sólo se incluyen si son habituales.

La pregunta, por tanto, se transforma en: ¿cuándo se entiende que las horas extras son habituales y pasan a formar parte del salario regulador del despido? No hay una respuesta precisa. Los Tribunales interpretan el criterio de habitualidad de manera dispar. A modo orientativo, se pueden entender habituales si alcanzan 26 horas mensuales (TSJ Andalucía, 2134/2008, de 9 de julio), 40 horas mensuales (TSJ Galicia, rec. 3605/2003, de 14 de julio) o 100 horas mensuales (TSJ de Andalucía, stcia. 805/2010, de 9 de marzo)

Si no tengo plazo de preaviso para irme, puedo dejar mi local de negocio antes de tiempo?

publicado a la‎(s)‎ 30 abr. 2014 11:56 por José Ignacio Sagrado Villamide

No, sin pagar o llegar a un acuerdo. Si el contrato de alquiler no tiene una cláusula que permita que el inquilino se vaya antes de tiempo, hacerlo es un incumplimiento de contrato. Eso significa que el propietario puede exigir una indemnización por los daños y perjuicios causados. Esa indemnización puede ir desde uno o dos meses de renta, hasta el plazo que falte para la finalización del contrato.

En primer lugar, se tiene que aclarar que la firma del contrato es un compromiso para arrendador y arrendatario, y que debe ser cumplido en los términos que ambos establecen. Es muy aconsejable para el inquilino que se establezca una cláusula con un tiempo mínimo de contrato, pasado el cual el desistimiento es libre y no supone incumplimiento de contrato. También se puede pactar un preaviso que opera advirtiendo al arrendador de la voluntad de extinción del contrato y paliando los efectos negativos de la falta de cobro de las rentas pactadas. Pero si no se ha pactado ninguna de éstas, ni otras cláusulas similares, hay que buscar la solución en la legislación general.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU, Ley 29/1994, de 24/11) distingue los arrendamientos de vivienda, en los que sí fija un plazo de preaviso de 30 días (con determinadas condiciones, artículo 11 LAU), de los de local de negocio. La normativa aplicable a los locales de negocio es el contrato, lo previsto en la LAU, y el Código Civil (artículo 4 LAU). Como no hay mención alguna ni en el contrato, ni en la parte de la LAU que regula los locales de negocio (Títulos I, III y IV), ni en el Código Civil (Libro IV, Título VI), sobre el preaviso en caso de desistimiento unilateral, éste se considera un incumplimiento del contrato. En las obligaciones recíprocas, quien incumple, debe indemnizar los daños y perjuicios que cause, en este caso, al propietario arrendador (artículo 1124 del Código Civil).

La verdadera cuestión es cuánto puede costar. Depende de los daños y perjuicios causados. El juez puede apreciar, basándose en el tipo de local, el tiempo de contrato cumplido, la situación del mercado de alquiler, y razones análogas, que los perjuicios causados al arrendador con el incumplimiento de contrato son leves o graves. Podemos pasar de un mes de renta (aplicando el artículo 11 LAU en su redacción actual para los arrendamientos de vivienda) a un mes de renta por cada año que quede por cumplir de contrato (que el artículo citado permite pero no obliga a pactar), hasta llegar a todas las rentas que queden hasta el fin del contrato (al estilo del artículo 56 de la LAU de 1964). Ninguna de los artículos anteriores son aplicables pero pueden servir al juez para encontrar una cifra que compense el incumplimiento.

A modo de ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo (STS) 221/2012, de 9 de abril, acuerda una indemnización de 14 meses de renta (8 de carencia inicial y 6 correspondientes a un mes por cada año de incumplimiento), por un importe de 84.141,68 €. El Juez de 1ª Instancia fijó la indemnización en 48.080,96 €, pero la Audiencia Provincial, ahí es donde asusta, la incrementó hasta 464.943,37 € (rentas hasta el fin del contrato). En el fallo de la sentencia, el TS establece "..como doctrina jurisprudencial que para la fijación de la indemnización que procede por lucro cesante futuro se requiere una evaluación basada en la realidad y dotada de cierta consistencia, la cual debe establecerse mediante una presunción de cómo se habrían sucedido los acontecimientos en el caso de no haber tenido lugar el suceso dañoso". Por eso, no cabe duda de que si se quiere anticipar la salida del local, es aconsejable llegar a un acuerdo que compense al arrendador y cierre la vía de reclamaciones futuras.

Si la claúsula suelo en una hipoteca es nula, ¿el banco tiene que devolver los intereses desde el principio?

publicado a la‎(s)‎ 23 mar. 2014 10:18 por José Ignacio Sagrado Villamide

Sí, porque cuando una condición se declara nula, hay que volver a la situación previa como si la cláusula no hubiera existido. Así lo declara la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga núm. 185/2014, de 12 de marzo, (JUR\2014\76962) por aplicación del artículo 1303 del Código Civil.

La citada sentencia afirma que "...hemos de señalar que el artículo 9 Ley de Condiciones Generales de la Contratación remite al régimen general de la nulidad contractual, señalando el artículo 1.303 del CC: “Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con sus intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.” ; la finalidad de esta norma no es otra que la de que las personas afectadas vuelvan a tener la misma situación personal y patrimonial anterior al acto invalidador, evitando el enriquecimiento injusto o sin causa de una de ellas a costa de la otra (STS de 23 de junio de 2008, entre otras muchas), tratándose de una obligación ex lege, constituyendo una consecuencia ineludible e implícita de la invalidez contractual, siendo de alcance, no solo a los contratos declarados nulos, sino también a las cláusulas contractuales declaradas nulas cuando los contratos puedan subsistir sin aquéllas...".

En el mismo sentido, se pronuncia la sentencia del Juzgado Mercantil de Barcelona 88/2013 de 17 de junio ( AC 2013/1507) cuando establece que: “18.- Considero que dicha irretroactividad no es aplicable al caso de autos. No concibo la STS de 9 de mayo de 2013 (RJ 2013, 3088) como un único cuerpo dogmático que deba aplicarse en todos sus extremos. Si bien los criterios del Alto Tribunal los he aplicado en su integridad para declarar la abusividad de la cláusula, ello no me obliga a aplicar el criterio relativo a los efectos consecuentes de la nulidad por las siguientes razones: -Porque la propia sentencia en sus f. 298 a 300 niega la eficacia ultrapartes de la irretroactividad que decreta de los efectos de la declaración de nulidad. -Porque en el caso resuelto por el TS no se ejercitó una acción de condena a las partes demandadas, como en el caso de autos. Se ejercitaba una acción colectiva de cesación cuyos efectos se proyectan exclusivamente hacia el futuro diferente a la que se dilucida en autos. - Porque en el caso de autos, por la dimensión de la reclamación, no se quiebra ni se pone en riesgo la seguridad jurídica en el entendido de conservar los efectos ya consumados y que no se produzcan trastornos graves con trascendencia para el orden público económico. No concurren los motivos ni las causas para aplicar la doctrina excepcional de irretroactividad de los efectos de una cláusula nula. -Porque el art. 1303 CC resulta de aplicación al caso en que se declara la nulidad sin que una sentencia judicial pueda abrogar o derogar la Ley. No hay tampoco laguna legal que integrar e, insisto, en el presente caso por definición no concurre la excepcionalidad manifestada por el TS al conocer de una acción colectiva. En suma, en el caso concreto, la devolución de lo cobrado indebidamente en virtud de una cláusula nula es efecto legal imperativo e insoslayable. 19.- En definitiva, una vez que ha sido declarada la nulidad de la cláusula suelo , deben restituirse las prestaciones derivadas de dicha nulidad tal y como recoge el artículo 1.303 del Código Civil . Es procedente estimar la acción de condena dineraria ejercitada por la actora.”

¿Desde qué facturación es obligatorio darse de alta de Autónomos?

publicado a la‎(s)‎ 14 oct. 2013 0:31 por José Ignacio Sagrado Villamide   [ actualizado el 14 oct. 2013 0:32 ]

Desde que se sobrepasa el salario mínimo interprofesional. En 2013, asciende a la suma de 645,30 € al mes, o 9.034,20 € al año (BOE).


La consulta se refiere a un supuesto en el que el único elemento a considerar fuera la facturación, ya que la habitualidad requerida para la inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos también puede provenir de otras circunstancias, como tener local abierto al público, empleados y similares.


Con mayor profundidad, es necesario referirse al

Decreto 2530/1970, de 20 de agosto. RCL 1970\150 que  regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos:


“Artículo 2.


1. A los efectos de este Régimen Especial, se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.


2. La habitualidad para los trabajadores que se ocupen en trabajos de temporada quedará referida a duración normal de ésta.


3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el interesado concurre la condición de trabajador por cuenta propia o autónomo, a efectos de este Régimen Especial, si el mismo ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario usufructuario, u otro concepto análogo.”


A efectos interpretativos, la sentencia de 20 de Marzo del 2007 del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª), recurso de casación para la unificación de doctrina 5006/2005, dice:

“... El criterio del montante de la retribución es apto para apreciar el requisito de la habitualidad. Como ha señalado la jurisprudencia Contencioso-Administrativa ( STS 21-12-1987 [ RJ 1987, 9582] y 2-12-1988 [ RJ 1988, 9310] ) tal requisito hace referencia a una práctica de la actividad profesional desarrollada no esporádicamente sino con una cierta frecuencia o continuidad. A la hora de precisar este factor de frecuencia o continuidad puede parecer más exacto en principio recurrir a módulos temporales que a módulos retributivos, pero las dificultades virtualmente insuperables de concreción y de prueba de las unidades temporales determinantes de la habitualidad han inclinado a los órganos jurisdiccionales a aceptar también como indicio de habitualidad al montante de la retribución. Este recurso al criterio de la cuantía de la remuneración, que por razones obvias resulta de más fácil cómputo y verificación que el del tiempo de dedicación, es utilizable además, teniendo en cuenta el dato de experiencia de que en las actividades de los trabajadores autónomos o por cuenta propia el montante de la retribución guarda normalmente una correlación estrecha con el tiempo de trabajo invertido. Así ocurre en concreto, respecto de los subagentes de seguros, cuya retribución depende estrechamente del tiempo de trabajo dedicado a la formación, gestión y mantenimiento de la cartera de clientes».


«A la afirmación anterior debe añadirse que la superación del umbral del salario mínimo percibido en un año natural puede ser un indicador adecuado de habitualidad. Aunque se trate de una cifra prevista para la remuneración del trabajo asalariado, el legislador recurre a ella con gran frecuencia como umbral de renta o de actividad en diversos campos de la política social, y específicamente en materia de Seguridad Social, de suerte que en la actual situación legal resulta probablemente el criterio operativo más usual a efectos de medir rentas o actividades. La superación de esta cifra, que está fijada precisamente para la remuneración de una entera jornada ordinaria de trabajo, puede revelar también en su aplicación al trabajo por cuenta propia –y, en concreto, al trabajo de los subagentes de seguros–, la existencia de una actividad realizada con cierta permanencia y continuidad, teniendo además la ventaja, como indicador de habitualidad del trabajo por cuenta propia, de su carácter revisable».


«La conclusión del razonamiento es que la sentencia impugnada ha dado una respuesta correcta a la cuestión controvertida. La sentencia de contraste, que ha incluido en el requisito de habitualidad la exigencia de que la actividad del subagente de seguros constituya también su medio de vida, no se ajusta en cambio a derecho. La valoración de lo que la actividad realizada pueda significar económicamente para el asegurado es un dato subjetivo que, aparte razones de interpretación gramatical, no debe ser tenido en cuenta a efectos de encuadramiento en Seguridad Social, donde es preciso operar con criterios aplicables indistintamente a todos los miembros de un grupo o colectividad de personas».


Estas consideraciones son totalmente aplicables al supuesto que se debate en esta litis, en el que se trata de un vendedor ambulante de menaje de cocina; y por ello, dado que en los últimos años computados los ingresos de ese vendedor no alcanzaron el 75% del salario mínimo interprofesional, como se ha dicho, lo lógico es concluir que dicho individuo no debe entenderse comprendido en los preceptos citados al inicio de este fundamento de derecho, al no poderse apreciar en él la concurrencia del requisito de la habitualidad en la actividad desempeñada.


Debe destacarse, en contra de lo que expresa la sentencia de contraste antes comentada, que en una situación como la de autos, en la que los ingresos que el interesado obtiene por su trabajo autónomo no alcanzan el importe que se acaba de indicar, no desvirtúa el carácter de indicio de habitualidad que esta circunstancia tiene, el hecho de que el sujeto de que se trate haya percibido todos los años ingresos por esa actividad, pues esta reiteración anual de esos ingresos no es razón bastante para destruir el vigor de ese indicio. Téngase en cuenta que la referida sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1997 otorga ese vigor al dato de los ingresos reducidos en base a que «en las actividades de los trabajadores autónomos o por cuenta propia el montante de la retribución guarda normalmente una correlación estrecha con el tiempo de trabajo invertido». A lo que se añade que el hecho de que se hayan obtenido ingresos todos los años por la actividad económica desarrollada, sólo indica que en todos esos años se ha llevado a cabo esa actividad, pero no demuestra ni constata que la misma se haya realizado todos los meses de cada uno de esos años, ni siquiera en la mayoría de esos meses, pues el bajo nivel de ingresos conseguido es perfectamente compatible con la posibilidad de que esa actividad se haya efectuado de forma esporádica y circunstancial, y ello con mayor razón en una actividad comercial como la que desempeñaba el demandante, cuya realización depende casi única y exclusivamente de su propia voluntad y arbitrio."

Consulta jurídica

publicado a la‎(s)‎ 11 ene. 2010 14:13 por Nacho Sagrado   [ actualizado el 15 oct. 2011 17:24 por José Ignacio Sagrado Villamide ]

En este apartado se podrán acceder a consultas genéricas de los diferentes ámbitos en los que trabaja el despacho.

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