Fecha de publicación: Nov 14, 2019 12:58:24 PM
Sí. Una sentencia del TS declara que los Tribunales laborales son competentes para decidir sobre una reclamación de daños y perjuicios de ex-trabajadores que hicieron la competencia a su antigua empresa.
La sentencia del Tribunal Supremo de 1/10/2019 revoca las de los Tribunales inferiores y considera que unos trabajadores que constituyeron una sociedad, solicitaron la baja voluntaria en su empresa y compitieron en el mercado contra su ex-empleador pueden ser demandados ante la jurisdicción social por daños y perjuicios.
Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), núm. 228/2006 de 2 junio, desestimó la reclamación de daños y perjuicios, en el ámbito mercantil, de ex-trabajadores de la empresa que les demandaba. Aunque el motivo fue la falta de alegación y prueba de los daños, llama la atención que la competencia en este caso hubiera sido asumida por el juez mercantil.
Sin embargo, se pueden plantear más cuestiones. Por ejemplo, en la primera de las sentencias ¿qué hubiera pasado si no tramitan la constitución de la sociedad mientras están todavía dados de alta? ¿el trabajo en competencia con la anterior empesa puede limitarse o prohibirse si no hay un pacto de no competencia? ¿qué daños y perjuicios va a poder reclamar el empresario en el juicio contra los trabajadores? ¿Sólo los que le ha causado directamente la constitución societaria? ¿Incluiría la captación de clientes de la empresa anterior? Y, enlazando con la segunda de las sentencias, incluso en el caso de que no se haya producido ninguna actuación desleal acreditada antes de la baja voluntaria ¿conocería el juez social de una demanda por competencia desleal contra ex-trabajadores que hubieran utilizado datos de procesos o clientes obtenidos durante la relación laboral? ¿estaría capacitado, en el sentido de especializado suficientemente, el juez laboral para analizar si esa captación ha sido desleal o sería el mercantil el Juez competente?
Todas ellas son cuestiones que requieren de un análisis concreto de la situación y la prueba disponible en un posible conflicto judicial.